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Luego de ver el mensaje de la gobernadora sobre la permisión de la práctica de deporte en esta siguiente orden ejecutiva [OE-2020-038], decidí ir a practicar windsurfing a eso de las 1:30 p.m. del 1ro de mayo [de 2020] en Costa Punta Las Marías en San Juan. La playa que se encuentra entre Isla Verde y Ocean Park.

Todos los deportes que practico son acuáticos, como surfing y windsurfing. Para evitar represalias por violar la orden ejecutiva por estar en la playa decidí practicar en esta área costera con piedras y sin arena para evitar estar en la costa y permanecer adentrado en el agua.

Después de una hora de estar en el agua [alrededor de las 2:30 p.m.] un helicóptero de la Policía comenzó a volar sobre mí, pasándome por encima en dos ocasiones y observándome detenidamente en cada instancia. Luego una lancha negra de la Policía pasa cerca de mí, lo que percibí como un acoso en medio del agua. Me sentí hostigado por estas dos interacciones, por lo que decidí salirme del agua para recoger e irme de la playa. Me tardé unos 5 a 10 minutos hasta llegar a [la orilla].

Cuando llegué a la costa fui detenido e intervenido en la calle Doncella por aproximadamente 6 oficiales, tanto municipales como de la marítima. Estos me estaban esperando 4 vehículos oficiales: Un all terrain, [un vehículo] de la marítima y dos patrullas de la Policía Municipal.

Entendía que no estaba violando la orden ejecutiva y que la misma no iría sobre mis derechos constitucionales, considerando que no vivimos en un comunismo o una dictadura.

Uno de los oficial municipales se acercó a la roca y me ordenó a que me saliera del agua porque estaba en violación de la orden ejecutiva. El oficial nunca se identificó, pero por la citación que me dio [más adelante] pude identificarlo con el apellido Morales y número de placa #2023.

Cuando logré salir del agua, [el Agt. Morales] comenzó a exigir que le diera mi información personal y a amenazarme con una multa por violación a la orden ejecutiva. En seguida me protegí [del COVID-19] al pedirle espacio para practicar distanciamiento físico. Morales respetó y mantuvo su distancia.

Tan pronto coloqué mi equipo [deportivo] en el piso, Morales continuó exigiendo que le diera información personal, incluyendo su nombre, teléfono, dirección, y licencia de conducir. En ese momento le dejé saber que estaría cooperando y que no había problemas, pero que no entendía por qué estaba violando la orden.

Le indiqué que no tenía mi licencia y, en cambio, [el Agt. Morales] me pidió mi número de seguro social, lo cual encontré muy invasivo. Cuando le dije que solo le podía dar mis últimos 4 números del seguro social [el Agt.] Morales me amenazó al decirme que si no cooperaba me llevaría esposado a un cuartel para ser procesado como un criminal.

Para evitar represalias y ser arrestado le di mi número de seguro social completo. Pero, si tiene mi nombre y mi dirección, ¿por qué necesita mi número de seguro social?
Comencé a pedirle que me diera un warning, le dije que soy doctor y que [el deporte] lo hago por salud mental, pero [Morales] continuó en su posición. Solo estaba practicando un deporte, no tuve contacto con nadie, no hice ninguna resistencia y como quiera no me orientó ni me educó [sobre la orden ejecutiva]. Simplemente me amenazó con cárcel.

[El Agt. Morales] continuó pidiéndome más información personal [y con esta] hizo llamadas para saber dónde vivía y dónde trabajaba y poder confirmar mi identidad e información. Él tiene toda mi información y, si quiere, me puede robar la identidad.

Morales también me preguntó si tenían información del otro deportista en el agua, pero le dije que no. Aunque lo conocía un poco no iba a cooperar en darle información de otra persona. Además, no sabía nada de él [personalmente].

Finalmente [el oficial] me dio una citación al Tribunal de San Juan por violación a la orden ejecutiva. La intervención duró una hora y media. La citación al tribunal fue el 1ro de junio de 2020 a las 1:00 p.m., pero cuando llegué el [Agt. Morales] nunca llegó. Luego de una hora de espera se certificó una comparecencia por su parte, resultando en la caída del caso.

La orden ejecutiva no se vale ni se sostiene en tribunales. No les importa la finalidad de la orden ejecutiva en un tribunal, sino utilizarlo como sanción. Al ellos saber que la orden ejecutiva recae en abuso de poder y no cumple con los parámetros de la constitución, obviamente el gobierno no quiere caer en una [posición donde se] cuestione la validez de esta. Esto es una táctica de abuso de poder e intimidación.

Este abuso [a través de] la orden ejecutiva es bien peligroso porque el abuso de poder hacia una población que no está alerta [de la opresión] del estado tiene repercusiones serias. Estas son libertades fundamentales y para el estado violar derechos fundamentales requiere un interés apremiante, algo que amerite negarlos. No solo que amerite, sino que sea aprobado y que sea real. Y si lo van a hacer tienen que hacer el menor daño posible. No pueden sobrepasar y abusar del poder, porque si el estado demuestra y educa al pueblo no tiene que abusar y extender sus poderes.

[Invalidar] la constitución de Puerto Rico sin tener evidencia científica que sea de interés apremiante para la salud pública es abusar de su poder. Sin evidencia, manipulando las estadísticas. Si tenemos una población que no tiene conocimiento de sus derechos y libertades es porque no las quiere, no las ama o no las entiende. Esa es la idiosincrasia de Puerto Rico. Se trata de conocer sus libertades y no permitir que el estado se meta en sus principios y no vivir de rodillas. No puedo entender que el gobierno [intente dictar] qué hago yo con mi vida.

No. Entiendo que los agentes están siguiendo órdenes, pero el tipo que intervino conmigo [Agt. Morales] fue un personaje. Tiene baja autoestima y quiere sentirse policía. Pero a la misma vez tiene que seguir órdenes de parte de [la Policía] Municipal y de arriba.

Es un daño psicológico. No puedo dormir pensando en cómo eso me va a afectar mi licencia [médica]. Estar encerrado en la casa por meses pensando en cómo esto afectaría mi vida profesional. El daño está hecho. Por este abuso de poder la gente se puede enfermar.

Sí – violando la orden ejecutiva. Le cuestionó, pero no lo orientó.

Tan pronto Pérez-Espinosa coloca el equipo en el piso, Morales continuó exigiendo su información personal, incluyendo su nombre, teléfono, dirección, y licencia de conducir.
Cuando le indicó que no tenía licencia, le pidió su número de seguro social.
Pérez-Espinosa le dijo que solo le podía dar los últimos 4 números del seguro social,
Como respuesta, Morales lo amenazó con llevárselo arrestado de no darle el número completo.