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Soy el abogado que representa a 24 demandantes y miembros de la comunidad de Goyito Muñiz en el pleito legal en contra de Innovattel Properties. La demanda se basa en el estorbo público y la construcción ilegal de una antena de telecomunicaciones. Represento a la totalidad de los vecinos, una muestra representativa que viven en este camino rural.

Desde el 2015 Innovattel Properties, una empresa multinacional de comunicaciones, ha querido construir una torre de telecomunicaciones en el sector Goyito Muñiz en el barrio Cruces de Aguada, aunque la comunidad del sector se ha opuesto a la misma.

Alguna de las siete causales del caso son las siguientes: [1] Daño al carso norteño, el cual es una piedra de calcio que funciona como filtro del agua; [2] La torre y la antena quedaría encima de varias residencias de la comunidad; [3] Hay otra antena a .89 millas de distancia, aunque según la Ley 89 del 2000 no permite proliferación de torres de comunicaciones y establece una separación de una milla entre torres; [4] El daño a la carretera interior de la 414 por la maquinaria pesada de construcción, sin importar la Ley 22 que prohíbe máquinas de cadenas en vía pública.

Por pasar maquinaria pesada por el único puente que hay en la vía, Innovattel Properties dañó el mismo. En el 2018, el municipio [de Aguada] envió ingenieros para certificar el daño, lo que llevó a colocar un letrero que indica que vehículos de más de 16 toneladas no pueden pasar. Sin embargo, la Policía escoltó a la compañía en una madrugada sobre este mismo puente y miembros de las comunidades terminaron arrestados por manifestarse ante esto.

La comunidad acudió a la Policía y a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), pero sus reclamos no fueron atendidos por tres años. A todas estas, la comunidad se defendía y trataba de impedir la construcción ilegal.

En el 2019 tomo el caso y en el mes de mayo el Tribunal de Aguadilla declaró ilegal esta construcción, ganando la comunidad. Sin embargo, en marzo del 2020, de forma ilegal y sin informar a la comunidad, la empresa consigue otro permiso para continuar con la construcción. No obstante, fuimos a los tribunales y este permiso se impugnó y se sometió a un proceso de revisión en el tribunal. Estando el permiso en revisión, que significa que la construcción y otros procesos del proyecto quedan paralizados, la compañía de manera ilegal trató de comenzar a construir el 30 de noviembre de 2020. Ese día la comunidad llamó a la Policía, pero nunca llegó.

La comunidad tenía dos casos en contra de la construcción. Primero, el injuction, o paralización, de la obra en el 2018 por el Tribunal de Aguadilla y, segundo, la solicitud y aprobación de la revisión del permiso más reciente, alegando que no se había dado el mismo conforme a la ley.
Entonces, el 2 de diciembre, sobre el caso de la paralización de obra, el Tribunal de Aguadilla declaró debidamente la revocación del injunction. No obstante, aunque se haya removido el injunction, como quiera el permiso aún no es válido hasta que salga de revisión.

[El miércoles, 9 de diciembre] la comunidad se manifestó pública y pacíficamente en contra de la construcción. Allí la Policía sirvió de intermediario entre ambas partes. Luego de dialogar con los abogados, tanto conmigo como con el de la compañía, la Policía decidió que no iba a intervenir hasta que el tribunal resolviera.

Cuando llego a la escena a las 2:00 pm, hablo con algunos agentes de la Policía, pero el colectivo no estaba ni a favor ni en contra de la situación. Luego, uno de los Policías me pide el documento para paralizar la obra. Le explico que no lo tengo porque no hay documento o permiso que permita la construcción de la compañía. El oficial vuelve y me insiste con el documento, ya que, según él, se necesitaba debido a una resolución del Tribunal del Aguadilla que daba luz verde a la construcción.

Luego me pasan para hablar con el abogado de la Policía, al cual le expliqué que la construcción no podía seguir porque no contaban con el permiso final ni firme. Proseguí a mostrarle pruebas de que el permiso estaba en revisión, y, según la Ley 161 del 2009, artículo 1.5, definición 21, hasta que este no saliera del mismo se prohíbe la continuación de la construcción.

Con esto, le dije al abogado de la Policía que era ilegal la construcción, pero él me refutó la ley y me dijo que la compañía tenía una resolución del Tribunal de Aguadilla y que la misma podía continuar con la construcción. Vuelvo a argumentarle que aunque el Tribunal revocó la impugnación, según la ley, no tenían permiso para ejecutar la construcción. No obstante, el abogado me ignoró a mí y a la ley y dijo que el tribunal permitió a la compañía que podían construir.

Luego de esto, un capitán o teniente le indicó a los manifestantes que activarían el protocolo para culminar la protesta, que iban a dar 3 avisos y al 3er aviso iban a ejecutar. Me sentí preocupado porque la otra vez que escuché de este protocolo fue cuando pusieron a “dormir” la Constitución durante las protestas del Verano 2019, cuando la Policía le disparaba, tiraba gases y removían a la fuerza a la gente ejerciendo su derecho democrático a la protesta en una vía pública.

En este caso, similar al Verano 2019, la gente estaba en una vía pública y en una manifestación. Lo más que podía hacer la Policía era negociar forma, lugar y hora de la protesta. Pero comenzarían a dar los tres avisos y que al tercero iban a ser removidos de la vía pública, aunque están protestando. Asumí que empezarían a meter macanazos, gases y disparos. Después del 2do aviso los manifestantes se fueron, pero no hubo necesidad porque los constructores decidieron irse ya al final de su turno.

En este caso, el abuso de la policía fue algo técnico. Aunque se aprobó el permiso de la construcción, este no era ejecutable ya que estaba en revisión. Sin embargo, la Policía dejó que la compañía comenzara a construir ilegalmente. En eso fue que consistió la parte del abuso. Hicieron una interpretación que no alude a la ley.

La resolución de Aguadilla no da permiso. Dice que quita el injunction y que proceda con los procesos de la construcción, pero esto no es un permiso ejecutable, final ni firme. El Tribunal no dio permiso, sino que simplemente removió el injunction.

Sí, que estaban manifestándose pero que impedían una construcción, pero eso no es ningún delito. No había nadie en la carretera, pero como quiera violaron los derechos a la libertad de los manifestantes. Empujaron el supuesto protocolo, sin importar la ilegalidad.