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Mi hijo, que tiene 12 años y varios diagnósticos de condiciones emocionales y psiquiátricas, ha sido víctima de acoso y bullying por empleados de la compañía “Cost Control Company, Inc.” durante los últimos dos años y medio. Esta es una compañía subcontratada por el Departamento de la Familia que da servicios a nuestro residencial público en San Juan. Cost Control Company ya ha tenido otros casos similares [de acoso] en otros residenciales en Puerto Rico.
El viernes pasado, 27 de julio de 2024, a eso de las 9:00 a.m., estábamos en nuestro apartamento en el primer piso cuando los empleados de esta compañía (Cost Control Company) estaban realizando trabajos de limpieza en el patio frente a mi balcón, donde mi hijo estaba jugando con mi celular. Uno de los empleados empezó a pasar trimmer frente al balcón y las piedras empezaron a rebotar en nuestro apartamento y a lastimar al nene. Ellos [los empleados] pensaron que [el niño] estaba grabando y empezaron a insultarlo, diciéndole “Chota, sigue grabando que te voy a dar un bofetón. Que tu pai’ venga a chotear”.
Intervengo y les pregunto qué está pasando. Un grupo de empleados se dividieron en dos para asecharnos; unos se fueron por la parte de atrás del apartamento y otros por el frente, en el balcón. Ahí le digo al nene que se meta al cuarto. El que insultó a mi nene le dijo a un compañero “Que venga a ver el pai’, para ver si es guapo”.
Preocupado por nuestra seguridad, fui con mi hijo a la oficina de la administración del residencial para denunciar lo que estaba pasando. De camino, uno de los empleados de la compañía salió corriendo detrás de nosotros y tuvimos dos peleas. Primero, cuando llegamos al área de los buzones, el empleado se puso de frente al nene, le dijo “si tú me grabaste te voy a meter” y le dio una patada en la espinilla. Ahí me enredo a pelear con él para defenderlo.
Varios vecinos intervienen, nos separan y el empleado se va corriendo. Cuando nos estamos acercando a la oficina [de la administración del residencial], el empleado que nos agredió sale con el asistente de la administradora del residencial y frente de él, el empleado [agresor] le da en la cara y en el pecho a mi hijo. Ahí comenzó la otra pelea entre él y yo. El empleado le seguía dando a mi nene y yo seguía metiéndome para defenderlo.
En el medio de la pelea y con miedo a que le hicieran algo, le dije al nene que saliera corriendo. Se acabó la pelea y el empleado se fue corriendo. Empecé a buscar a mi nene por todo el residencial, pero no aparecía en ningún lado. Del susto y la preocupación, me subió la presión. Ahí llamé al 911 y poco después, llegó una ambulancia a recogerme. No fue que abandoné a mi hijo, sino que la ambulancia me dijo que tenía la presión muy alta y me tuvieron que llevar al CDT Municipal de Puerto Nuevo.
Durante todo esto, mi hijo estaba desaparecido, se perdió. No sabía dónde estaba. En la ambulancia llamé al 911 para reportar su desaparición, y se activó el protocolo de emergencia. Llegamos al CDT y aún no sabía nada de mi hijo. Era alrededor de la 1:00 p.m. cuando llegó el agente Ayala. Le pedí información sobre el paradero de mi hijo y me informó que mi hijo estaba en manos del Departamento de la Familia, pero se negó a darme el nombre de la supuesta trabajadora social encargada de él.
Intenté presentar una querella por la agresión, ya que desde 2023 hemos estado intentando denunciar estas situaciones, pero Ayala se negó y me dijo que los empleados de la compañía estaban haciendo una querella en mi contra por agresión. A pesar de mi insistencia, Ayala no me proporcionó un número de querella. En lugar de ayudarme, Ayala empezó a tomarme fotos con su teléfono personal.
Pregunté si estaba bajo arresto y me dijeron que no, pero que más tarde se “ocuparían” de mi caso. Según la Policía mi hijo estaba bajo custodia del Departamento de la Familia, pero cuando regresé al residencial a eso de las 5:00 de la tarde un vecino y testigo me dijo que mi hijo estaba en la oficina de la administración del residencial. Me contó que cuando le dije a mi hijo que corriera, un grupo de los empleados de la compañía lo cogieron y lo metieron en la oficina. También me dijo que lo tenían en la misma oficina junto con el agresor que lo había atacado por la mañana.
Cuando entré a la oficina vi que mi hijo estaba encerrado en un cuarto, solo, sin supervisión. También vi al empleado que lo agredió en la oficina, pero lo sacaron cuando entré. Mi nene me contó que la Policía lo entrevistó solo y sin yo estar presente. En cambio, solamente tomaron la versión de los empleados que lo agredieron. El Departamento de la Familia nunca llegó y lo dejaron solo con los empleados de Cost Control.
Este no es el primer incidente de este tipo, y no será el último, ya que el sistema de vivienda parece proteger a estas compañías a toda costa. El agente Ayala me aseguró que mi hijo estaba bajo la custodia del Departamento de la Familia, pero en realidad, estaba solo en la oficina del residencial. Nunca hubo seguridad para mi hijo. Me sentí intimidado y coaccionado, ya que al negarse a tomar mi querella contra el agresor y dejar a mi hijo en manos de su agresor, la Policía actuó a favor de la otra parte, violando nuestros derechos.
Llamé a la administración [del residencial] y descubrí que el agresor seguía trabajando allí como si nada hubiera pasado. A las 7:00 p.m., la situación seguía sin resolverse, y la Policía no había tomado ninguna acción. A las 8:00 p.m. llegó un trabajador social del Departamento de la Familia a atendernos y nos confirmó que en ningún momento se les avisó de la situación.
Me informaron que dentro de un mes citarían a las partes involucradas, pero mientras tanto, la denuncia grave de acoso y agresión a un niño con incapacidad mental sigue sin resolverse y sin darme número de querella. Ahora, la táctica de la Policía es no darte un número de querella. Cuando uno intenta llevar el caso a las comandancias, te piden ese número y si no lo tienes dicen que no pueden intervenir. Esto es impunidad total, porque la Policía de Puerto Rico levanta las manos y no radican las querellas.
Al final del día, tuvimos que llamar a la línea de Saint Lucas para que mi hijo recibiera ayuda emocional adicional por todo lo que pasó. Nuestro psicólogo ha emitido un informe escrito dirigido a la administración de vivienda para que se nos reubique en un espacio seguro, pero la situación sigue siendo extremadamente peligrosa para mi hijo y para mí.
Aquí hay un patrón de acoso que comenzó cuando denunciamos la presencia de ratas y comején en nuestra casa, el desacato de la compañía por no cumplir con la mudanza de mi nene. Incluso el senador Vargas Vidot y la representante Mariana Nogales han intervenido y denunciado la situación. Cuando recurrimos a la Policía, esta comenzó a favorecer y proteger a la compañía y a la administración del residencial. También, estas represalias comenzaron desde que levantamos una querella administrativa contra un agente específico.

No, en lo absoluto. El trato que recibimos fue completamente negligente. Llevamos años lidiando con esta situación. Desde que vivíamos en la calle Loíza, y en todo este tiempo, los agentes nunca han intervenido de manera adecuada. He sido víctima de discriminación, burla y un sarcasmo constante por parte de la Policía.

Emocionalmente, esta situación nos ha devastado. Tanto mi hijo como yo hemos sido diagnosticados con trauma postraumático, y mi hijo, que tiene un retraso mental, está en una crisis constante. Cada vez que vemos a la Policía, sentimos temor; no tenemos ninguna confianza en ellos. Nos sentimos tristes, desconsolados y abandonados por las autoridades.