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El primero de enero de 2024, a eso de las 5:00 a 6:00 p.m., estaba en mi casa, en el sector Meléndez de Cidra, cuidando y trabajando con mis animales cuando de la nada un agente de la Policía, que luego identifiqué como José L. González, entró a mi propiedad sin avisar y sin autorización. Entró corriendo con su arma sacada y apuntando hacia abajo, como si fuese un operativo de droga. Estaba armando, ya que tengo licencia de portación. Al principio no sabía quién era, así que puse mi mano en mi arma, pero cuando vi que era un policía la removí.
Le pregunté en qué le podría ayudar. Él me contestó que tenía una orden de arresto. Pregunté cuál era el motivo, y me dijo que tenía que irme con ellos “sí o sí”. Le pedí evidencia, pero nunca me enseñó ningún papel del tribunal. Me amenazó diciéndome: “te voy a tirar contra el piso o te arrestamos a la mala”. Ahí me agarró, me tiró contra el piso y me puso las esposas, apretándolas adrede.
Hubo dos agentes en mi intervención. El otro agente que se quedó afuera esperando que González interviniera conmigo. Les decía que tengo derecho a llamar a mi abogado, que no entendía por qué estaban en mi casa. Me ignoraron. Me desarmaron, entraron a mi casa y se llevaron dos armas que tengo con licencia y seguro legal bajo CODEPOLA. Todo estaba en ley, todo. Nunca me resistí. En ningún momento falté el respeto.
La Policía me llevó al cuartel estatal de Cidra, donde me dejó encerrado en una celda por casi tres horas sin agua ni comida. Allí seguía exigiendo mis derechos, preguntando por qué estaba detenido y exigiendo hablar con un teniente. Decían que estaban esperando por una ambulancia. Supuestamente era una intervención bajo la Ley 408, pero yo sé que eso no se hace así. Para una intervención de salud mental se necesita una orden del tribunal o una solicitud de un familiar, y yo estaba solo.
La Policía me montó en la ambulancia sin decirme a dónde iba y abusaron conmigo en el camino. El agente González me esposó las manos y los pies y también me amarraron en la camilla por el pecho y las piernas. El agente me apretó las esposas adrede y se burló con el personal médico diciendo que me veía “achocao” en la camilla. Yo les decía que no me estaban protegiendo y que estaban abusando de mí.
Resultó que me llevaron al hospital Panamericano en Cidra y me internaron sin ninguna evaluación psiquiátrica. Lo primero que hicieron fue inyectarme drogas en las nalgas. Me sedaron, me dejaron tres días con la misma ropa, encerrado en un cuarto, tirado en una cama. Nadie me explicó nada. La psiquiatra me vino a ver al tercer día de estar hospitalizado, y cuando le pregunté por qué estaba allí, me dijo que era porque yo era “altanero”. En vez de tratarme como un paciente, me trataron como un criminal. Todo esto pasó sin orden judicial, sin evidencia, y por un problema entre vecinos. Yo conozco la ley y mis derechos.

El 13 de enero [de 2024] radiqué una querella administrativa y luego fui entrevistado por una teniente. De camino al hospital el agente González me confirmó que tenía una cámara corporal. Cuando le pregunté a la teniente por la grabación de esta me dijo que la vio y que iba a continuar con la investigación. El 3 de junio de 2025 recibí un carta informándome que la querella ha sido referida a [la Secretaría Auxiliar en] Responsabilidad Profesional. No he recibido más información.

Esto fue un operativo como si fuera un narco, como si yo fuera un criminal, cuando lo único que hacía era cuidar mis animales y vivir tranquilo. La Policía entró a mi casa sin avisar, sin autorización, sin orden de allanamiento, sin tocar bocina, sin nada. Fue un abuso total, una violación a mi privacidad, a mi cuerpo, a mi dignidad.

Estoy indignado. Tengo un coraje extremadamente fuerte. Tengo daños emocionales.

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