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Mi hijo tiene nueve años de edad, mide 5 ‘5 y pesa 200 libras, pero también tiene leve retraso mental y ADHD (déficit de atención e hiperactividad), combinado con oposición desafiante. Aunque él es un niño con limitaciones, [físicamente] estoy bregando con un adulto. [Hasta la fecha] mi niño lleva cuatro hospitalizaciones psiquiátricas seguidas. Mi hijo me agrede, trata de hacerse daño, se escapa de la casa y no lograba controlarlo. He llamado en varias ocasiones al Departamento de la Familia y a APS pidiendo ayuda psicológica y psiquiátrica para él, pero nunca se me proveyó.

Desde las 9:00 a.m. del martes, 5 de julio [de 2022] llevaba bregando con una crisis de mi nene. A eso de las 3:00 p.m. lo llevé a una cita de seguimiento en la Clínica Merlos en Río Piedras con su psicóloga. Durante la cita mi hijo se descompensó y se descontroló en un estado de psicosis. Empezó a romper cosas, a tirar sillas en un estado de psicosis y se tiró al piso. Traté de controlarlo, pero él me agredía y me escupía cuando me acercaba. El de seguridad de la clínica no me ayudó.

Llamamos al 911 y llegaron dos agentes de la Policía de Puerto Rico del cuartel del Precinto 162 en Río Piedras. Uno era un oficial [hombre] agente de apellido Afina y otra era una oficial [mujer] de apellido Quiñones. Aunque es un niño de 9 años con condiciones, mi hijo es sumamente grande y la policía bregó con él como si fuera un adulto.

Le pedí ayuda a los oficiales, pero cuando vieron a mi hijo en su estado de crisis el oficial Afina me dijo “no voy hacer nada, eso es problema tuyo”. Le pedí que llamara a emergencias sociales, pero con desprecio me dijo “eso es responsabilidad tuya, no de la Policía de Puerto Rico, brégate con el loquito ese tú”.

Le dije al oficial “ese loquito es mi hijo, lo que les estoy pidiendo es que me puedan ayudar para que no se haga daño”. Afina me respondió: “no vamos hacer na’”.

Luego llegó un sargento, y supervisor de los oficiales, que no logré identificar porque no tenía su placa ni nombre visible. Cuando vio la situación dijo: “¡tranquilicen al loquito con una inyección o algo! ¡Si no se tranquiliza le voy a dar con el taser!”. Le dije que él es un menor de edad y que no le podía amenazar ni agredir.

Hubo una pequeña discusión entre el sargento y yo. Ahí el sargento me dice varias cosas humillantes frente a la gente testigo en la clínica: “dale una bofetada y castigalo, para que respete… lo que le hace falta es una gaznata… eres poco hombre si te dejas dar y escupir en la cara por tu hijo”.

Cuando les pedí sus números de placa para evidenciar quiénes estuvieron ahí, el sargento se negó y me dijo “tienes que pedir una 408 al Tribunal”. Le dije, “caballero, él es un menor de nueve años. Todo lo que necesito es que me ayude a mantenerlo seguro, a que se llame a la ambulancia”, pero los oficiales siguieron hablándonos con agresividad y burla, empeorando la situación y el estado en crisis en el que se encontraba mi hijo. Le pedí a la gente allí que llamaran la prensa o que grabaran lo que sucedía, pero no se atrevieron.

El niño continuó en un estado destructivo y descontrolado cuando ellos se fueron. Antes que se fuera, el sargento de la Policía me dijo: “Esto no es nuestro problema, eso es problema de la clínica. Si nos necesitas para algo más, nos llamas, pero hay cosas más importantes que hacer. Si quieres llama a las noticias para ver si te ayudan”. [De igual manera], la agente Quiñones me dijo que “si no puedes con el nene, entrégaselo al Departamento de la Familia”. No hubo manejo de crisis por la Policía. No radiqué una querella en contra de los policías por temor del proceso y represalias.

Llegó una ambulancia que nos transportó desde la clínica hasta el Hospital San Jorge. Cuando llegamos mi hijo estaba más calmado, pero aún tenía una psicosis en mi contra, agrediéndome y diciéndome cosas. El psiquiatra del hospital también me dijo que entregara mi hijo al Departamento.

Llamé al Departamento de la Familia pidiendo ayuda, pero también me dijeron que lo entregara, que me ayudarían con el nene y que luego me lo devolverían cuando estuviera estable. Me insistieron y básicamente fui obligado a entregar mi hijo voluntariamente al Departamento de la Familia. Llegó la trabajadora social del Departamento, me preguntó por los medicamentos del nene y se lo llevaron.

Estaba en San Juan, no tenía transportación, era la 1:00 o las 2:00 a.m. y cuando veo a mi nene irse caigo en crisis. Ese mismo día intenté quitarme la vida. Me hospitalizan en el Pavía de Utuado. Ahora, cuando regresé de mi proceso de hospitalización, no se me coordinó ayuda psiquiátrica. Fui a APS para que me atendieran y para que me dieran ayuda emocional, pero solo me dieron un consejero que me dijo que “bregara” y que “las cosas son así”. Se supone que estas personas me ayuden, que me provean con ayuda psiquiátrica y psicológica, pero omitieron todo.

Estuve hospitalizado por dos semanas y cuando regresé a mi residencia me llegó una carta convocándome a una vista en el Tribunal de Menores de Bayamón. Cuando fui a la vista me encontraron causa por cargos de maltrato físico, maltrato psicológico y por negligencia por falta de cuidados a mi hijo. Después que hice lo que me recomendó la Policía, el psiquiatra y el mismo Departamento me acusan de negligencia porque se los entregué en un momento de crisis.

Soy una persona sin recursos económicos y sin familia que vive en una comunidad marginada. Tengo un trabajo part-time donde me gano mis chavitos, pero además de los cupones, no tengo ningún tipo de apoyo. Cuando solicité cuido para el nene para poder ir a trabajar, me lo negaron porque esa ayuda gubernamental era solo para mujeres solteras y primeros respondedores.

Llamé a las unidades relevantes cuando el menor estaba en crisis y no recibí respuesta. Toqué todas las puertas posibles para que el nene no pasara a mano del Departamento de la Familia. Le pedí al Departamento de Vivienda que me mudaran más cerca del hospital. Llamé a APS para que lo atendieran, pero solo tenía citas para octubre, así que llamé hasta a la Universidad Albizu.

También llamé al Departamento de la Familia hasta el cansancio para ver cómo me ayudaban con mi niño y nunca recibí respuesta. Ahora no aparecen las llamadas a la línea de emergencia. Entonces, confié en el Departamento y lo entregué, pero luego me están acusando de negligencia.

La fiscal, que tampoco ha sido muy diligente con mi caso, pretendia poner a mi niño en el estrado a testificar. Un niño que acababa de salir de una hospitalización psiquiátrica [por una psicosis] bajo la custodia del Departamento de la Familia.

Les expliqué que, como estuve hospitalizado, no tenía abogada porque la de servicios legales no estaba disponible. Por esto suspendieron el caso hasta mediados del mes de agosto [2022].

Cuando salí de la vista me pasó otro suceso con el alguacil del Tribunal llamado Xavier Olive Ortiz. Cuando le pedí a Olive Ortiz el documento de comparecencia a la vista no me lo quiso dar. Le insistí y me dijo “aquí te lo doy si me da la gana”. Le pregunté quién era su supervisor y me dijo “el Tribunal Supremo. Yo hago aquí lo que me da la gana. ¿Qué vas hacer?”. Ahí me amenazó e intimidó al agarrar su arma de reglamento.. Todo esto solo por reclamarle el documento de que comparecí a la vista. Luego de intimidarme y humillarme, terminó dándome el documento.

Soy un hombre negro y grande, lo que puede ser un aspecto intimidante, pero no soy amenaza para nadie, mucho menos para que me estén intimidando [los policías] con un arma de fuego. Esto es parte de las situaciones que estoy viviendo con el estado. Es muy lamentable.

No. Fue un trato denigrante y antipático. Estos agentes fueron unos frívolos y burlones con una actitud humillante. Crearon una atmósfera de burla y menosprecio hacia mi dignidad frente de muchas personas [en la clínica]. El supervisor de los oficiales me amenazó con usar un taser en contra de mi niño. No fueron humanos, no usaron las recomendaciones [protocolos] para bregar con un paciente en crisis. En vez de traer paz a la situación, añadieron hostilidad, agresividad y burla. La Policía empeoró la situación.

Desde que ocurrió la intervención empecé a decaer emocionalmente. Me siento cansado y sin fuerzas. Emocionalmente, esta intervención abonó a que consideré quitarme la vida y a que estuviera una semana hospitalizado.

Que iba a usar su taser contra mi niño de 9 años.