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El pasado miércoles, 28 de septiembre [de 2022], a eso de las 1:00 p.m., una patrulla con dos agentes adscritos a la Policía Municipal de San Juan se presentaron en los predios de mi espacio de trabajo en el local de la Colectiva Feminista en Construcción en la Calle Roble en Río Piedras. Uno de los oficiales indicó que estaba haciendo una investigación por una querella radicada por la dueña del edificio que habíamos rescatado, ubicado enfrente de nuestro edificio, y que la alegada dueña estaba en el cuartel diciendo que “temía por su seguridad”. Los policías no mostraron documentación de querella, sino que simplemente teníamos que dar por fe lo que decían.

La Policía nos preguntó si nos íbamos a oponer, sí o no, a la presencia y entrada de la dueña al edificio. Decidimos no entrar en conversación con la Policía y le dijimos a los oficiales que no tenemos nada que añadir. Ahí él [el policía] aclara que está conduciendo una entrevista, aunque se presentaron como si investigaban una querella y nunca anunciaron que esto era una entrevista. Los oficiales abordaron cosas generales y buscaban hacernos preguntas mal intencionadas para que nos incriminaramos, para que le dieramos cierta información que justificara una posible querella. Le dijimos que no teníamos nada más que comentarles.

Dos días después, el viernes, 30 de septiembre [de 2022], más o menos a las 11:30 a.m., llegaron a nuestro local tres patrullas de la Policía Estatal. Aunque se bajaron solo dos oficiales, eran como ocho oficiales presentes [dentro de las patrullas]. En esta intervención sí anunciaron que estaban haciendo una entrevista y averiguando para una querella por la “usurpación” del edificio en cuestión. Les indicamos que no teníamos nada que compartir y que, si había o hicieran una querella que nos dejaran saber.

Luego, ese mismo día [viernes, 30 de septiembre] a eso de las 5:00 p.m., llegan al menos cuatro patrullas de la Policía Estatal y una mujer que se presentó como fiscal del Departamento de Justicia llamada Ivette Nieves Cordero. En esta [tercera] intervención se bajaron de ocho a diez agentes, los cuales estuvieron merodeando nuestro edificio y el de enfrente.

La fiscal llegó hablando sobre la posibilidad de cargos criminales contra la Colectiva Feminista y pidió que una representación legal se comunicara con ella directamente. No dijo qué cargos específicamente se pudiesen estar radicando. Las compañeras presentes dijeron que no darían expresiones. Se tomó la información de la fiscal y ya.

La manera en que nos intervino la Policía es con intención de criminalizar el trabajo que estamos haciendo. Se ha aumentado de manera significativa el patrullaje y la presencia [policial] en nuestra calle cada vez que tenemos una actividad.

No. No fue adecuado. Lo adecuado sería que nos dejen en paz mientras hacemos nuestro trabajo comunitario. La presencia de la Policía de Puerto Rico le da inseguridad a nuestra organización y a la comunidad, que es una negra, empobrecida, inmigrante y criminalizada. La mirada y el trato del Estado genera condiciones de inseguridad en nuestra comunidad, que es una comunidad empobrecida y criminalizada. El trato de la Policía de Puerto Rico parte desde este registro y genera un sentido de inseguridad.

Insegura, molesta e indignada con la presencia de la Policía que obstaculiza el trabajo social y comunitario que hace nuestra organización.

En la primera intervención indicaron que estaba haciendo una investigación por una querella radicada por la dueña del edificio que habíamos rescatado, ubicado enfrente de nuestro edificio, y que la alegada dueña estaba en el cuartel diciendo que “temía por su seguridad”.